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De manera similar, Brasil aumentó su gasto en relación con el PIB en un 0,77 %
entre 200 y 2017, mientras que Argentina aumentó su gasto del 0,62 % (2005) al 1,2 %
(2017). En ambos casos, la participación del gasto público se duplicó luego de la adopción
de importantes reformas estructurales. Hasta el momento, ocho países de la región cuentan
con organismos más o menos especializados en educación superior en sus respectivos
ministerios: Colombia, Chile, Brasil, Argentina, Bolivia, Ecuador, Paraguay y Uruguay.
Perú dio los primeros pasos para sumarse a esta lista al aprobar la creación de un
Viceministerio de Educación Superior. Además, es importante resaltar que la República
Bolivariana de Venezuela cuenta con ministerios dedicados íntegramente a la educación
superior. En todos los casos, la causa final de la especialización fue el fortalecimiento del
sector, como lo confirman las normas comparadas de Brasil (2003), Argentina (2005),
Colombia (2003), Chile (2006 y 2010) y luego en Perú (2021). En todos los países
mencionados, los procesos de reestructuración de los ministerios de la región coinciden con
el crecimiento del gasto en el sector de la educación superior.
También se debe enfatizar el desarrollo de las relaciones entre los gobiernos
regionales y los organismos financieros internacionales, pasando del conocido modelo de
préstamos subsidiados contra el ajuste estructural, a un modelo de planificación conjunta
(Ledesma, 2014). Igualmente importante, con el fin de fortalecer los procesos de toma de
decisiones, seguimiento y coordinación, muchos países han decidido crear sistemas de
información específicos para el sector (Moreno y Aguirre, 2020). Chile, Ecuador y Perú
fueron pioneros en la organización centralizada de sistemas de información, lo que ayudó a
fortalecer la posición del gobierno frente a las instituciones y la capacidad de orientar
estratégicamente la política pública sectorial.
A su vez, estos sistemas suponen un importante avance en materia de transparencia
e información pública. Si hay un área en la que la educación superior ha cambiado
radicalmente en la región y probablemente a nivel mundial durante las últimas dos décadas,
ha sido sin duda en la calidad y la acreditación (Pedró, 2021). Desde finales del siglo
pasado, muchos se han visto frenados por el continuo aumento de la demanda de educación
superior, al que pocos países han podido responder aumentando la oferta pública o
adecuando la regulación, casos donde el desarrollo es descontrolado, abierto a la
comercialización, sin mecanismos de control de calidad. Este crecimiento explosivo de la
demanda se refleja, por ejemplo, en Perú, donde el número de estudiantes se triplicó entre
1995 y 2014 (Wells et al., 2018); o incluso más en Brasil, donde el número de estudiantes
pasó de 3,8 millones a 8 millones entre 2003 y 2016 (Douglass, 2021).
Con el fortalecimiento del papel dominante del Estado, se perfeccionó claramente la
provisión y acreditación de programas, se promovió la mejora continua de las instituciones
educativas, se protegieron los intereses de los estudiantes, sus familias, las sociedades
locales y nacionales, los graduados prestarían sus servicios. Sin embargo, hoy en día, el
tamaño, la diversidad y la complejidad de los sistemas de educación superior requieren la