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En este particular, se debe hacer notar que los aspectos ambientales han
sido tratados separadamente de los aspectos sociales, no obstante, es importante
considerar que son parte de una relación de reciprocidad, por lo tanto, lo
ambiental y lo social debe ser abordada en conjunto. Es por ello, que este tipo
de conflictos tiene que existir la racionalidad, donde sociedad y medio ambiente
funcionen como un todo. En general, los conflictos socioambientales en nuestra
sociedad han sido recurrentes y ha tomado diferentes formas a lo largo de la
historia, hasta el punto de considerarlos una actividad que contamina los
recursos hídricos y provoca emisiones a la atmósfera de productos tóxicos y
nocivos para la salud.
Según la CEPAL, la minería es uno de los sectores que más atrae
inversión extranjera directa a los países de ALC y también es una de las
actividades con mayor impacto ambiental, produciendo cinco veces más
emisiones de gases de efecto invernadero por dólar de producción, que otros
sectores económicos. Los costos ambientales y sociales pueden tener enormes
impactos en el suelo, el agua, el aire y los ecosistemas, y tratar de corregir
estos problemas derivados de explotación minera podría ser más costoso que
los beneficios económicos obtenidos.
Por otro lado, la falta de compromiso de la grandes empresas mineras
hace que las comunidades pierdan confianza en la sustentabilidad de este tipo
de industrias. Según la OCMAL, las comunidades no confían en los mineros y
en el gobierno, ya que conocen sobradamente la falta de regulaciones, para la
prevención d e desastres ecológicos en los procesos de extracción. En este
sentido, los actores pueden utilizar diferentes lenguajes para la evaluación, que
van desde la compensación económica correspondiente por el daño ambiental
provocada a reservas forestales, la vulneración de los derechos humanos o
colectivos de los pueblos indígenas, o exigiendo valores ecológicos que en
realidad no se pueden expresar en dinero.
Al enfocar la minería desde lo económico, se tiene que, para Perú en el
2017, el sector minero representó el 9,8 por ciento del producto interno bruto
(PIB) del país. Sus beneficios en el país se reflejan en su participación en las
exportaciones y la recaudación de impuestos. De hecho, los ingresos generados
por la minería han representado un promedio del 60 por ciento de las